La previsión en el mundo

La finalidad de la previsión complementaria, independientemente del país o sistema social donde se implemente, es siempre la misma: colaborar junto con el sistema público para que la persona beneficiaria cuente con una pensión (pública + complementaria) adecuada, segura y sostenible –en palabras de la Comisión Europea–, de tal manera que su calidad de vida no se vea afectada negativamente por el hecho de la jubilación. El qué se entiende por adecuada es algo que varía en función de la sociedad a la que se haga referencia.

Según datos de la OCDE, el patrimonio mundial de los sistemas complementarios de pensiones a finales del año 2014 (último dato conocido) alcanzó los 21,5 billones de euros, existiendo 4 países (Holanda, Islandia, Suiza y Australia) con un patrimonio que superaba su Producto Interior Bruto PIB, es decir, mayor que el tamaño de su economía.

Por su parte, en Euskadi el patrimonio de las EPSV representaba más del 33,50% del PIB de Euskadi, porcentaje que casi cuadruplicaba los sistemas del Estado (9%).

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El desarrollo de los sistemas de pensiones complementarios en el mundo está condicionado habitualmente por la mayor o menor intensidad de la protección dispensada por el sistema público. Así, en países como España, Italia, Grecia o Hungría, con una pensión pública tradicionalmente próxima al último salario, pero que actualmente está disminuyendo, la prestación complementaria es muy baja frente a otros países como Holanda o Islandia donde la prestación complementaria es mayor que la pública.

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En todo caso, debemos subrayar que la importancia de las pensiones complementarias está aumentando en todos los países del mundo, ya que el envejecimiento de la población unido al descenso de la natalidad tiene un impacto muy importante en la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones. En este sentido, es un hecho que el número de cotizantes al sistema público va reduciéndose mientras que paralelamente el número de pensionistas va aumentando y el periodo de tiempo durante el que cobran su pensión también.

Este problema no es único del Estado español sino que cerca de la mitad de los países de la OCDE ya ha emprendido acciones para mejorar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de pensiones durante los últimos años.

Las medidas adoptadas van en la línea de endurecer el acceso al cobro de la pensión pública y además de minorar su cuantía.

Así, el objetivo principal de las reformas abordadas a nivel internacional ha sido retrasar la jubilación al elevar la edad mínima legal para el retiro, así como restringir las facilidades para la jubilación anticipada, aumentar el número de años para el cálculo de la pensión, mejorar los incentivos para trabajar más tiempo o desvincular la revalorización de la pensión del IPC, perdiendo esta poder adquisitivo con el tiempo.

Todas estas medidas provocan una disminución de la pensión pública y, por ende, dejan en peor situación a los ciudadanos que solo disponen como pensión de la correspondiente al sistema público.

En estos momentos de dificultad generados básicamente por factores demográficos, sería conveniente identificar internacionalmente cuáles serían los modelos a seguir.

De acuerdo con el informe MMGPI (Melbourne Mercer Global Pension Index), en el que anualmente se califica el nivel de los sistemas de pensiones de diferentes países de todo el mundo, en el 2016 (último dato que disponemos), de los 27 países examinados, encabezaban la lista como los mejores sistemas de pensiones del mundo y por este orden: Dinamarca, Holanda, Australia, Finlandia y Suecia. Estos 5 países tienen en común que disponen de un primer pilar obligatorio con una cobertura relativamente moderada, un segundo pilar obligatorio o semiobligatorio generalizado y un tercer pilar para el ahorro previsión individual. En estos sistemas, entre otras medidas, la previsión social complementaria está fiscalmente incentivada.